Studio 341 NewsEl abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, por las operaciones con derivados vinculadas al oro realizadas durante 2025.
El letrado pidió investigar posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También mencionó la posible existencia de asociación ilícita. Según sostuvo, la Justicia deberá determinar las responsabilidades de cada involucrado.
Dalbón apuntó al juez Ariel Lijo y al fiscal Gerardo Pollicita, a quienes atribuyó la responsabilidad de esclarecer el destino del oro. Además, afirmó que existirían elementos para investigar una presunta obstrucción judicial y pidió ampliar la solicitud de detención.
La presentación cita un resultado negativo de US$ 1.023 millones en operaciones con derivados sobre el oro. El monto se compone de $1.400.793 millones, equivalentes a US$ 960,2 millones, por opciones, y otros $68.362 millones, unos US$ 62,8 millones, en primas de opciones.
En paralelo, la tenencia de oro registró una ganancia contable de $8.002.500 millones por diferencias de cotización. El escrito también señala que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.
Entre las medidas solicitadas, Dalbón incluyó la prohibición de salir del país, de acceder a determinadas áreas del BCRA y del Ministerio de Economía y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos vinculados con la investigación.
El caso también tuvo un capítulo político. El 10 de agosto, la diputada Marcela Pagano anunció en X una denuncia penal contra Caputo y Bausili. La legisladora cuestionó la falta de trazabilidad pública de fondos por casi $4 billones y reclamó que se determine dónde estuvieron los recursos, quién autorizó las operaciones y quiénes resultaron beneficiados.
Las acusaciones y los montos señalados deberán ser evaluados por la Justicia.
