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Paraguay busca evitar el cierre de empresas vinculadas a Ueno Bank y proteger los empleos

El presidente Pedro Alliana anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para intervenir temporalmente las compañías relacionadas con la entidad financiera. La iniciativa prevé desplazar a sus actuales directivos, designar administradores por ocho meses y garantizar la continuidad de las operaciones y el pago de salarios.

El Gobierno de Paraguay impulsará una ley para evitar el cierre de empresas vinculadas a Ueno Bank, tras la disolución de la entidad financiera. El objetivo es preservar las fuentes laborales y garantizar que las compañías puedan continuar funcionando mientras se ordena su situación económica y administrativa.

El presidente Pedro Alliana confirmó que enviará al Congreso un proyecto que contempla la designación de administradores temporales por un período de ocho meses, el desplazamiento de las actuales autoridades y una reorganización de las cuentas de las firmas involucradas.

“Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que la propuesta permitirá al Estado asumir transitoriamente la administración de las compañías vinculadas a entidades financieras que atraviesen procesos de resolución.

El funcionario aclaró que la intervención no implicará que el Estado absorba las deudas de las empresas. Además, se establecerán restricciones para impedir la transferencia de activos, la distribución de dividendos, el pago de créditos a accionistas y los movimientos de fondos ajenos a la actividad habitual.

González también precisó que la medida no alcanzará automáticamente a todas las compañías que hayan mantenido relaciones comerciales con Ueno Bank, sino únicamente a aquellas que cumplan determinados criterios de vinculación y control.

La iniciativa busca preservar los activos, asegurar el pago de salarios y evitar despidos, en medio de la incertidumbre generada por la disolución de la entidad financiera.