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En un paso crucial dentro del proceso judicial conocido como Causa Vialidad, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, ha solicitado hoy un incremento significativo en la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Villar, firme en sus argumentos, la señaló como la "jefa de una asociación ilícita" en el contexto de este caso que ha sacudido los cimientos políticos del país.
La petición de Villar surge en el marco de las audiencias de revisión de la sentencia emitida a finales de 2022 por el Tribunal Oral Federal número dos. Este tribunal, en su momento, excluyó la figura de la asociación ilícita y condenó únicamente a la entonces vicepresidenta por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
El fiscal Villar respalda los argumentos presentados por su colega Diego Luciani durante el juicio, subrayando que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, "funcionó una asociación ilícita" que se enraizó en el aparato estatal. Esta organización, según Villar, tenía como objetivo proveer fondos públicos y favorecer a empresarios, destacando la figura de Lázaro Báez, quien también enfrenta acusaciones en este caso y busca su absolución en esta instancia.
La contundencia del pedido de Villar es clara: solicita que la ex presidenta sea condenada a 12 años de cárcel, el doble de la pena actual. Su argumentación se basa en la centralidad de Báez en esta "estructura de corrupción", la cual, según el fiscal, se alimentó de la noble causa de la obra pública vial.
Es importante resaltar que Villar respalda la condena por administración fraudulenta, reconociendo la existencia de "graves hechos de corrupción". Sin embargo, cuestiona el fallo previo que descartó la asociación ilícita, argumentando que existió una "estructura delictual organizada".
Ahora, la Cámara de Casación se prepara para escuchar los argumentos de todas las partes involucradas en este caso, un proceso que se extenderá hasta mediados de año. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner tiene programada su audiencia para el próximo 7 de marzo, ante un tribunal que estará integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
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