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En un fallo sin precedentes, el titular del Juzgado Federal N°3 de Rosario, Carlos Vera Barros, ha dictaminado el procesamiento de cuatro ex directores y un ex gerente de Aguas Santafesinas. Este veredicto, emitido el miércoles pasado, lleva consigo un embargo de sus bienes por un valor de 1 millón de pesos cada uno. ¿El motivo? Se les responsabiliza por la descarga directa de efluentes cloacales e industriales sin tratamiento previo en el río Paraná.
Los nombres involucrados en este caso son Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Menna, Darío Corsalini y Gustavo Omar Actis. Según la acusación, la empresa habría vertido alrededor de 350 millones de litros de residuos líquidos diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur, entre septiembre de 2018 y octubre de 2021.
Este fallo, pionero en la ciudad de Rosario, se alinea con las demandas presentadas por el fiscal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Matías Scilabra, y el fiscal coadyuvante Franco Benetti.
La investigación, iniciada en 2021 tras una denuncia de la asociación civil Cuenca Río Paraná, señala a los directivos de Aguas Santafesinas como responsables de un acto que atenta contra la salud pública.
Aguas Santafesinas, encargada de proveer agua potable y servicios de desagüe cloacal a casi dos millones de personas, se encuentra en el centro de las acusaciones. La denuncia de la asociación civil revela una descarga irregular de efluentes líquidos en el río Paraná, provenientes del Emisario Sur de Rosario, sin ningún tipo de tratamiento.
Los informes periciales solicitados por el fiscal federal Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, revelaron la presencia de sustancias peligrosas en los efluentes, con valores elevados de coliformes termotolerantes y la presencia de Escherichia coli.
Tras un arduo proceso judicial, la competencia del fuero federal fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, revirtiendo la decisión inicial del juez Vera Barros. Este tribunal sostuvo que se había demostrado la afectación y contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales, justificando así la competencia federal en el caso.
En junio de 2023, el juez llevó a cabo las indagatorias del directorio y el administrador de la empresa, en respuesta a las solicitudes del Ministerio Público Fiscal, representado por Scilabra y Benetti.
