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La Cámara de Diputados vuelve al ruedo el próximo miércoles 7 de agosto, con un conjunto de proyectos en carpeta. Entre ellos, destaca una iniciativa para la regularización de la tenencia de armas de fuego, que se suma a la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.
El proyecto, que busca modificar la Ley 26.216 de Armas de Fuego, fue enviado el 15 de mayo pasado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei. La propuesta incluye un procedimiento para regularizar la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que se puede realizar de forma virtual.
Una de las novedades es que, si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Además, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Este programa permite a quienes posean armas no autorizadas entregarlas voluntaria y anónimamente para su destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales. En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC.
Para incentivar la entrega voluntaria, la ANMaC ofrece un incentivo económico: un cupón de pago canjeable por efectivo. Los interesados deben ingresar al sistema de forma virtual con un número de serie. El sistema permite detectar las armas con pedido de secuestro, que luego son puestas a disposición de la Justicia. Una vez entregada el arma, esta es inutilizada inmediatamente frente al usuario y posteriormente destruida en un horno de alta temperatura.
Desde la ANMaC aclararon que la legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, permitida únicamente para personal de fuerzas de seguridad, personal autorizado de seguridad privada, entre otros. La ANMaC, un ente descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.
Se calcula que en el país hay unas 800.000 armas no registradas ni autorizadas, lo que subraya la importancia de estas iniciativas.
