Studio 341 News
El Ministerio de Economía ha incorporado nuevos instrumentos financieros como alternativas para invertir los fondos que ingresen al país a través del blanqueo de capitales, según la Resolución 759/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa incluye ahora entre los instrumentos disponibles para el Régimen de Regularización de Activos, sancionado en el Paquete Fiscal, la posibilidad de adquirir cuotapartes de fondos comunes de inversión, acciones colocadas por oferta pública, obligaciones negociables, pagarés bursátiles, cheques avalados y títulos aportados a fondos de riesgo de sociedades de garantía recíproca.
Esta medida amplía significativamente las opciones de inversión, permitiendo que estos instrumentos puedan suscribirse o adquirirse, mientras que anteriormente solo se permitía destinar los fondos a la suscripción de dichos instrumentos.
El texto oficial aclara que, como estaba estipulado previamente, las operaciones de estos instrumentos deben ser realizadas mediante oferta pública y contar con la autorización de la Comisión Nacional de Valores.
El blanqueo, que ya está en marcha, permite a residentes y no residentes regularizar activos sin límite de monto ni costo alguno, siempre que los fondos permanezcan en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025 o se destinen a inversiones autorizadas. Además, quienes regularicen bienes o tenencias por un valor de hasta US$100.000 no estarán sujetos al pago de impuestos.
Los instrumentos autorizados para invertir
Bonos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acciones que coticen en la Bolsa local.
Obligaciones negociables que se puedan conseguir en la Bolsa, es decir, deuda de empresas argentinas.
Fondos comunes de inversión (FCI).
Certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos destinados al financiamiento de las MiPyME, y/o a la inversión y/o financiamiento en proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura, para el fomento de la inversión productiva.
Proyectos inmobiliarios iniciados a partir de la vigencia del blanqueo o aquellos que tengan un grado de avance inferior al cincuenta 50% de la finalización de la obra a ese momento. Comprende construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otros trabajos, en inmuebles propios o de terceros.
