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El expresidente Mauricio Macri avaló la decisión del mandatario Javier Milei de vetar la ley que establecía un aumento del 8,1% en las jubilaciones y su actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aprobada ayer en la Cámara de Senadores.
Pese a que el bloque del PRO había respaldado el incremento en las jubilaciones, Macri expresó su apoyo al veto con una declaración contundente: “Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, respaldo la decisión del presidente Milei”.
En un tono crítico, el exmandatario cuestionó a los senadores que ahora muestran preocupación por los ingresos de los jubilados. “Son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas estatales deficitarias y corrompidas”, señaló Macri. Además, añadió: “Es importante recordar que estos senadores también aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, que no solo despilfarraron recursos, sino que se convirtieron en centros de clientelismo y corrupción. Ellos fueron los responsables del déficit que empobreció a los argentinos”.
A pesar de las críticas dirigidas al entorno libertario y a algunas decisiones del actual gobierno, la relación entre Macri y Milei parece mantenerse en buenos términos. El miércoles pasado, Macri visitó nuevamente la Quinta de Olivos para cenar con el presidente Milei, tras el rechazo del bloque del PRO en la Cámara de Diputados al DNU que había aumentado el presupuesto de la SIDE.
Después de la sanción de la ley, en la noche del jueves, el Gobierno confirmó que el Presidente vetaría la norma, argumentando que su objetivo era “destruir el programa económico”. En un comunicado, la administración libertaria subrayó: “El Presidente se comprometió con los argentinos a mantener el superávit fiscal a toda costa, y así lo hará”.
El comunicado del Gobierno también criticó al Congreso Nacional por la sanción de una ley que calificaron de “populismo demagógico”. Según la administración, el proyecto es “irresponsable, ilegal e inconstitucional”, ya que establece gastos exorbitantes sin la partida presupuestaria correspondiente, lo que obligaría al Gobierno a recurrir nuevamente a prácticas de emisión monetaria, aumento de impuestos o endeudamiento, que han sido responsables de los fracasos económicos de los últimos 100 años.
