Studio 341 News
La situación de los empleados de la Justicia en Santa Fe ha generado preocupación ante la reciente reforma jubilatoria y la emergencia previsional decretada por la Legislatura provincial. María Ricarda González Boselli, secretaria general de la Unión de Empleados de la Justicia, expresó su malestar y aseguró que este cambio no era necesario. “La caja tenía un déficit que la provincia venía manejando muy bien”, afirmó.
Según González Boselli, "en los últimos 20 años, el déficit solo generó un quebranto en la provincia en cuatro oportunidades". Pese a ello, el Poder Ejecutivo insiste en la necesidad de reformar, lo que la dirigente considera un ataque a la independencia del Poder Judicial. “Me pregunto por qué el Poder Ejecutivo tiene tanta insistencia sistemática de atacar la independencia del Poder Judicial”, cuestionó, respondiendo a las críticas que señalan al sector como privilegiado.
Lejos de considerarse parte de una élite, González Boselli enfatizó: "Los empleados judiciales no somos privilegiados. Se supone que los sueldos deben ser sostenibles en el tiempo". Además, destacó que su trabajo implica una "dedicación exclusiva y full time", lo que limita su capacidad de realizar otras actividades laborales. “No cobramos extras ni viáticos como en la EPE o Aguas”, remarcó.
En cuanto a la judicialización de la reforma previsional por parte de otros gremios, la líder sindical señaló que están evaluando "cualquier tipo de medidas, tanto a nivel judicial como acciones de fuerza". A su vez, aclaró que los empleados no tienen responsabilidad en el conflicto entre la Corte y el Ejecutivo, pero que, al final, "pagamos los platos rotos".
Por último, González Boselli, quien también representa al gremio liderado por Julio Piumato en la provincia, defendió con firmeza la permanencia de la Ley Enganche, que vincula los salarios provinciales con los de la Corte Nacional. "Tiene 30 años y lo vamos a defender", concluyó.
