Condenan a tres años de prisión a un hombre por provocar un incendio en Córdoba
Víctor Daniel López recibió una pena de tres años de prisión por incendio doloso.
La decisión se conoció el mismo día en que se conoció el triunfo electoral de Trump.
Actualidad07/11/2024Studio341NewsEl Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, solicitando a la jueza Loretta Preska que rechace la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de embargar activos de YPF, como parte del proceso judicial que obliga a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera. La noticia fue conocida el mismo día que Donald Trump fue anunciado como ganador de las elecciones presidenciales.
En su argumentación, el Departamento de Justicia señaló que la orden de ‘turnover’, que exige la entrega de acciones de YPF, infringe las normativas de inmunidad soberana de EE.UU. y pidió a la jueza Preska que desestime el pedido. Esta intervención del gobierno norteamericano era esperada, según explicó el abogado Sebastián Maril, quien sigue de cerca el desarrollo del caso. Maril destacó que la administración estadounidense subraya que el pedido de los demandantes contraviene leyes locales y abre la puerta a la reciprocidad, lo que podría permitir a la Argentina intervenir en activos de empresas norteamericanas en el futuro.
Sin embargo, Maril aseguró que esto no afectaría el fallo que obliga a la Argentina a pagar los 16.000 millones de dólares, ni las apelaciones presentadas ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Los fondos Burford y Eton Capital, que ganaron en primera instancia el juicio por la expropiación de YPF en 2012, exigieron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de la petrolera como garantía de pago. En paralelo, continúa el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Ante esta situación, los demandantes iniciaron un proceso de localización de activos para embargar.
Frente a este panorama, la Procuración del Tesoro se contactó con el gobierno de Joe Biden para informar sobre las implicancias de que un tribunal estadounidense ordene el embargo de activos fuera de su jurisdicción. En este sentido, se explicó que las acciones de YPF de la Argentina están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, sin presencia de activos en Nueva York.
En septiembre, el gobierno estadounidense había solicitado tiempo para evaluar si presentaría un escrito sobre el pedido de los fondos. Finalmente, presentó su postura el 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales en EE.UU.
El contexto de la estatización de YPF se remonta a 2012, cuando Eton Park era accionista de la empresa, que cotizaba en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, por su parte, adquirió el derecho a litigar en la justicia española tras la quiebra de las empresas Petersen, fundadas por la familia Eskenazi y accionistas de YPF.
Los fondos demandantes argumentan que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como lo establece el estatuto de YPF. En su momento, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, defendió la expropiación en el Congreso y aseguró que el Estado no debía comprar el 100% de las acciones, bajo el riesgo de incurrir en un valor exorbitante.
Esa declaración fue citada tanto por los demandantes como por la jueza Preska en la justificación de sus argumentos. La magistrada destacó que la República obligó a los demandantes a otorgar un préstamo masivo tras la expulsión de los directores de YPF, lo que provocó que los representantes de Repsol abandonaran el país. Kicillof había calificado como "estúpido" cumplir con la ley de YPF y respetar sus estatutos, una afirmación que se convirtió en un punto clave del juicio.
Por su parte, la defensa argentina sostuvo que la Constitución prevalece sobre el estatuto de una empresa y que la expropiación se realizó conforme a la ley. También se detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y que los fondos recibieron un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia, tras la quiebra de las empresas Petersen.
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