Polémica en Santa Fe: el Gobierno sumó a Luciano Nocelli, el ex policía que mató a dos delincuentes en 2019

En una decisión que genera debate, el Gobierno de Santa Fe contrató a Luciano Nocelli, el ex policía que en 2019 mató a dos delincuentes y cuya condena fue anulada recientemente por la Corte Suprema provincial. El ex agente, quien recuperó su libertad en noviembre tras pasar más de tres años en prisión, ocupará el cargo de asistente técnico nivel IV en el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La medida fue oficializada a través del decreto 2903, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía Pablo Olivares, y el titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Según explicaron desde el Gobierno, Nocelli aportará su experiencia en el área de planificación y control del despliegue operativo.

El regreso de Nocelli al ámbito estatal no está exento de controversias. En 2019, el ex policía fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio de dos personas en un operativo que, según su defensa, se dio en un contexto de legítima defensa. Sin embargo, en noviembre de este año, la jueza María Trinidad Chiabrera anuló la sentencia, lo que permitió su excarcelación mientras espera ser juzgado nuevamente.

Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información provincial, defendió la incorporación. "Nocelli tiene mucho para aportar por su vasta experiencia en el trabajo policial de calle. Su función será técnica, orientada a fortalecer la planificación y los operativos", aseguró.

En paralelo, el gobernador Pullaro anunció que impulsará la "Ley Luciano Nocelli", destinada a garantizar formación específica para los funcionarios judiciales en el análisis de situaciones de estrés en el accionar policial. "No vamos a encubrir abusos, pero tampoco dejaremos desamparados a los agentes que sirven al Estado, como ocurrió con Nocelli", enfatizó el mandatario.

La decisión de sumar a Nocelli al equipo de Seguridad provincial pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el rol de las fuerzas de seguridad, los límites de su accionar y el respaldo del Estado en casos de alta sensibilidad social.