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El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), la sociedad estatal encargada de gestionar el puerto de Buenos Aires y la hidrovía del río Paraná. En su lugar, creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). Además, en línea con su política de recorte del gasto público, la administración libertaria anunció la eliminación de tres fondos fiduciarios.
La medida se formalizó con la publicación del decreto 3/2025 en el Boletín Oficial. Según la normativa, la AGP será disuelta una vez que todos los puertos públicos bajo su jurisdicción hayan sido privatizados, transformados o transferidos.
La Anpyn, que funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, fue definida como la única autoridad portuaria nacional. Tendrá capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado, y será la encargada de aplicar las leyes vinculadas a su competencia.
Una reestructuración profunda
La decisión del Ejecutivo se ampara en el artículo 40 del Decreto 70/23, conocido como el "Mega DNU", que derogó la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado. Este decreto establece que las empresas con participación estatal deben transformarse en sociedades anónimas sin prerrogativas públicas.
En el decreto, firmado por Milei y su gabinete, se argumenta que la AGP incrementó notablemente su estructura administrativa y personal en relación con sus funciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a la AGP como un “antro de corrupción y privilegios” y destacó que la nueva agencia permitirá concentrar funciones de otros organismos, mejorando la eficiencia y reduciendo costos.
Adorni también anunció que la Anpyn reducirá un 79% del personal y venderá inmuebles y activos innecesarios. Esta política de "profunda motosierra", como la describió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca reducir el gasto público.
Iñaki Miguel Arreseygor, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, fue designado como director ejecutivo de la Anpyn.
Las funciones de la nueva agencia
La Anpyn tendrá a su cargo la elaboración, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con puertos, vías navegables, transporte fluvial y marítimo. También será responsable del control y fiscalización de estos servicios, así como de la gestión de tarifas y recursos destinados a estas actividades.
Además, podrá sustanciar procesos de contratación de servicios, obra pública y concesiones relacionados con vías navegables y nodos logísticos. Esto incluye la elaboración de pliegos de bases y condiciones y la gestión de licitaciones.
Eliminación de tres fondos fiduciarios
En paralelo, el Ejecutivo disolvió tres fondos fiduciarios: el del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.
Según el decreto 6/2025, las auditorías determinaron que estos fondos habían cumplido sus objetivos o presentaban irregularidades administrativas. Durante el proceso de liquidación, los fiduciarios deberán coordinar la administración de acuerdo con las normativas vigentes.
El PRODAF, que facilitaba créditos para productores rurales, fue declarado cumplido. El Fondo del Servicio Universal, creado para garantizar el acceso a servicios TIC, será reemplazado por mecanismos alternativos. En tanto, el Fondo de Vivienda Social, que financiaba programas como "Casa Propia", quedó bajo la lupa de la SIGEN por obras inconclusas o sin rendiciones.
Con estas medidas, el gobierno de Javier Milei continúa avanzando en su plan de reestructuración estatal, apostando a una gestión más eficiente y ajustada a su propuesta de reducción del gasto público.
