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El decreto impulsado por el canciller Antonio Tajani impone fuertes restricciones. Y la oposición ya se planta: “El PD no se rendirá”, advirtió el diputado Fabio Porta.
En una entrevista, Porta —representante de los italianos residentes en América del Sur— explicó la estrategia de su partido y por qué consideran que la norma “es inconstitucional, injusta y arbitraria”.
Ciudadanía italiana: semanas clave en el Parlamento
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado italiano debate por estos días el polémico Decreto Ley 36, más conocido como Decreto Tajani. La norma, publicada el 28 de marzo, limita severamente el derecho al reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis (por descendencia).
¿A quiénes afecta? A partir de su entrada en vigencia, solo podrán solicitarla:
Hijos o nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia.
Hijos de ciudadanos italianos nacidos en el exterior, solo si su padre/madre vivió al menos dos años en Italia antes de su nacimiento.
Además, el decreto desconoce como italianos a los hijos de italianos nacidos en el exterior, salvo excepciones. Incluso en los casos anteriores a la sanción.
Tres objeciones clave
La oposición advierte que la norma presenta serios vicios legales:
Es retroactiva, lo que vulnera derechos adquiridos.
Viola el principio de igualdad ante la ley, al discriminar según el lugar de nacimiento.
Se impone vía decreto de urgencia, sin justificación real, lo que podría interpretarse como un abuso del Poder Ejecutivo.
El decreto ya está vigente, pero debe ser ratificado, reformado o rechazado por el Parlamento antes del 27 de mayo. Caso contrario, quedará automáticamente sin efecto.
¿Boicot o estrategia? La posición del PD
El Partido Democrático (PD) presentó más de 40 enmiendas al decreto. ¿Es una jugada para hacerlo caer o un intento de “reducir daños”? Porta responde:
“Pedimos al gobierno que lo retire. Pero ante la negativa, tenemos el deber de intervenir. Las primeras enmiendas que presentamos son supresivas: buscan eliminar el artículo 1 y, por tanto, todo el decreto”.
Desde el oficialismo y el MAIE (Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior) minimizaron la acción: “No es una competencia para ver quién presenta más enmiendas”, dijeron. Porta retruca:
“Nuestras propuestas responden a demandas concretas de la comunidad. El MAIE presentó solo dos. ¿Ya se rindieron?”
¿Tiene sentido o es demagogia?
El PD está en minoría en ambas cámaras, pero Porta defiende el rol opositor:
“Representamos a la mayoría de los italianos en el exterior: 7 de los 12 parlamentarios electos fuera del país somos del PD. Nuestra posición obliga incluso a la mayoría a revisar el decreto”.
¿Qué defiende realmente el PD?
Porta rechaza la idea de contradicción entre iure sanguinis y otras formas de acceso a la ciudadanía como el ius scholae (por estudios) o ius culturae (por integración cultural):
“Siempre defendimos ambos derechos. Nunca pedimos eliminar el iure sanguinis. Queda claro que nuestra postura fue coherente desde el inicio”.
¿Una maniobra política del Gobierno?
Desde el PD sospechan que detrás del decreto hay una intención política: reducir la participación electoral de los italianos en el exterior, que históricamente votan por la centroizquierda.
“Este gobierno desprecia a los italianos en el exterior. Si realmente quisiera combatir abusos, podría haber modificado la ley sin atropellar derechos”.
¿Vienen por más derechos?
Varios temen que el próximo paso sea limitar el derecho al voto o reducir la representación parlamentaria de los residentes fuera de Italia.
“Estamos listos para resistir, también con nuestras colectividades. Este es solo el primer paso de un ataque más amplio”, advierte Porta.
