Studio 341 News
Un nuevo golpe sacude a la fuerza policial de Rosario. Trece efectivos y cuatro civiles quedaron detenidos con prisión preventiva acusados de integrar una maniobra de malversación de fondos públicos que ronda los 45 millones de pesos. El esquema se basaba en sobrefacturaciones vinculadas a la carga de combustible en patrulleros que, en muchos casos, ni siquiera circulaban.
Tras tres extensas audiencias, el juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó seis meses de prisión preventiva para todos los imputados, salvo una empleada de la estación de servicio involucrada, quien quedó en libertad con restricciones.
La investigación, llevada adelante por el fiscal José Luis Caterina, reconstruyó cómo operaba la red ilegal. Gracias a seguimientos, informes de Asuntos Internos e intervenciones telefónicas, se pudo establecer con claridad el rol de cada uno de los acusados.
Uno de los datos más alarmantes fue que más de 80 patrulleros —fuera de circulación— cargaban combustible por sumas que oscilaban entre 20.000 y 30.000 pesos diarios. “Era un secreto a voces en la propia policía”, sostuvo Caterina, quien subrayó la magnitud del fraude y la cantidad de personas involucradas.
Además, se sospecha que el encargado de la estación Puma implicada pudo haber replicado la maniobra en otras dependencias, ya que tenía autorización para ingresar a la Unidad Regional II.
Los policías fueron imputados por cohecho, peculado de caudales públicos y defraudación agravada contra la administración pública, algunos como coautores y otros como partícipes primarios. Los civiles, en tanto, enfrentan cargos por peculado, defraudación agravada y cohecho activo.
El escándalo golpea de lleno a una fuerza que viene de capa caída y reaviva el debate sobre los controles internos en la policía provincial.
