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El Gobierno expresó este viernes su “profunda preocupación” por la detención “arbitraria” de ciudadanos argentinos en Venezuela y exigió la “inmediata liberación” del gendarme Nahuel Gallo, detenido en ese país. A través de un comunicado oficial, la Cancillería apuntó con dureza contra el régimen de Nicolás Maduro y anunció que profundizará las denuncias internacionales contra el líder chavista Diosdado Cabello.
“La República Argentina expresa su más firme y categórica condena al proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, sostuvo el Palacio San Martín.
El mensaje lleva el sello del canciller Gerardo Werthein, quien también adelantó que se avanzará con denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El foco está puesto en Cabello, considerado uno de los hombres fuertes del régimen, a quien acusan de encabezar una estructura represiva con apoyo del aparato estatal.
Según el comunicado, Cabello “lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos”.
Y se agrega: “Todo ello se ha ejercido desde el poder del Estado, con amparo institucional y complicidad de las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia”.
Desde la Cancillería remarcaron que esta red represiva no solo afectó a ciudadanos venezolanos, sino también a extranjeros, incluidos argentinos. “Estas prácticas han recaído contra ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades, que han sido víctimas de estas violaciones graves”, aseguraron.
En ese marco, el Gobierno fue aún más lejos y calificó el accionar del régimen chavista como “terrorismo de Estado”, por tratarse de un “patrón de represión sistemático, intimidatorio y arbitrario”.
La postura oficial cierra con una advertencia: “La Argentina continuará impulsando todas las acciones necesarias para asegurar que estos crímenes no queden impunes y que todos sus responsables —materiales e intelectuales— enfrenten la justicia internacional con todo el peso de la ley”.
