Studio 341 News
El Gobierno ya desplazó a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro, el organismo que representa al Estado en el juicio multimillonario por la expropiación de YPF. La decisión se dio tras detectar posibles filtraciones que habrían beneficiado a los fondos buitres, en especial al polémico Burford.
Aunque oficialmente se habló de una “reestructuración por eficiencia”, en la Casa Rosada hay preocupación por el manejo del caso. La jueza Loretta Preska ya condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones y ordenó entregar el 51% de YPF, aunque esa medida fue suspendida este martes por una Cámara de Nueva York.
Santiago Castro Videla, jefe del organismo y cercano a Santiago Caputo, sigue en el cargo pese a que su estudio jurídico fue vinculado con la estrategia del fondo demandante. El Gobierno de Donald Trump se presentó como amicus curiae para apoyar la posición argentina.
La Procuración, que depende del Ministerio de Justicia, achicará su estructura: cerrará la Escuela de Abogados del Estado y reducirá direcciones nacionales. Mientras tanto, se investiga si hubo fuga de información sensible en el litigio más caro de la historia argentina.
