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La jueza Julieta Makintach fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, en el marco de la investigación por la producción de un documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, a cargo de la causa en San Isidro, detallaron en un extenso escrito de 42 páginas, existen pruebas suficientes para atribuirle a la magistrada los delitos mencionados. “De las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar, surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”, subrayaron.
Según la acusación, Makintach aceptó la propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán con la promesa de obtener beneficios económicos futuros directos. Además, ambas habrían coordinado que Juan Manuel D’Emilio se encargara de la producción del proyecto, mientras la jueza debía ocuparse de los aspectos clave dentro del Tribunal.
Entre los puntos cuestionados, los fiscales destacan que Makintach se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo”.
La imputación se sustenta en el análisis de cámaras de seguridad y diversas declaraciones, que permitieron reconstruir el entramado de la producción audiovisual, que se iba a llamar Justicia Divina.
Ante estas pruebas, los fiscales solicitaron que se inicie un juicio político contra la jueza y su desafuero, pasos necesarios para avanzar con su indagatoria.
