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La Argentina inició el proceso de apelación del fallo que la obligaría a entregar acciones de YPF por la nacionalización de la compañía, por un total de 16.000 millones de dólares. Según el especialista Sebastián Maril, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se apoya en cuatro argumentos principales: la justicia de EE.UU. no puede exigir la repatriación de activos soberanos ubicados en el exterior; la juez Loretta Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de Nueva York; se invoca la Ley de Inmunidad Soberana; y se destacan posibles repercusiones diplomáticas.
El proceso podría resolverse en el primer trimestre de 2026. En este contexto, Estados Unidos se presentó como amicus curiae, advirtiendo que forzar la entrega de acciones podría vulnerar límites legales sobre bienes de estados extranjeros y afectar la relación bilateral. Además, alertó sobre un daño irreparable para Argentina si cumple la orden antes de que se resuelva la apelación, incluso en caso de un fallo posterior favorable.
