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Las imágenes que llegaron de Río de Janeiro durante la semana pasada muestran, con crudeza, que el narcotráfico no es sólo drogas: es violencia, marginalidad, ilegalidad y muerte. Pero, sobre todo, es un enorme negocio con ramificaciones transnacionales. Según estimaciones oficiales brasileñas, el narcotráfico factura entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales; Río aporta unos 500 millones. Aunque Brasil no produce cocaína, recibe droga de Colombia, Venezuela y Perú, la administra en favelas y la exporta desde su extensa costa atlántica hacia África y el primer mundo.
El poder de organizaciones como Comando Vermelho y el PCC no se explica sólo por la violencia callejera: su fortaleza nace de la capacidad de lavar y reconvertir esas ganancias dentro de la economía formal. Esa operatoria combina empresas fachada, comercio exterior con sobrefacturación, redes de “doleiros”, minería ilegal, y sectores de alto flujo de caja —restaurantes, hoteles cinco estrellas, estaciones de servicio y obra pública— que sirven para legitimizar capitales ilícitos. En ese entramado hay capítulos que cruzan la frontera con la Argentina.
Aquí el narco encuentra un ecosistema probado: un mercado cambiario paralelo muy extendido, la proliferación de cuevas y una adopción creciente de canales cripto que facilitan la transformación de reales a dólares. Estudios internacionales ubican al narcotráfico entre las actividades criminales más rentables del mundo, y los especialistas advierten que entre el 50% y el 60% de lo recaudado en algunas redes puede terminar integrado a la economía local. Sin controles y cooperación regional reforzada, la frontera seguirá siendo conducto y refugio de un negocio que daña sociedades, erosiona instituciones y alimenta la impunidad.
