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En un contexto marcado por los incendios forestales que afectan a la Patagonia y tras recibir duras críticas por el ajuste en distintas áreas del Estado, el Gobierno nacional dispuso la entrega de $120.000 millones en subsidios destinados a los bomberos voluntarios. La medida fue formalizada a través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a reforzar el funcionamiento de las asociaciones que cumplen un rol clave en la atención de emergencias.
Según lo establecido por el Ministerio de Seguridad Nacional, cada una de las 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas en el país recibirá $94.924.971,75. Los fondos estarán destinados principalmente a la compra de equipamiento, materiales de protección personal y al mantenimiento de las unidades operativas, en un escenario donde los recursos resultan determinantes para enfrentar situaciones de alto riesgo.
El esquema de financiamiento también contempla partidas específicas para las entidades de segundo grado. En ese sentido, las federaciones provinciales percibirán dos transferencias de $7.754.639.995,93 cada una, que serán distribuidas de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas. Ese dinero tendrá como fin cubrir gastos de funcionamiento, representación institucional y capacitación de los cuerpos de bomberos.
Los pagos se realizarán de forma trimestral a través del Banco de la Nación Argentina y estarán sujetos tanto a la disponibilidad de fondos en la cuenta recaudadora como al cumplimiento de las obligaciones administrativas de cada institución.
La normativa también asigna recursos a las organizaciones de tercer grado. El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recibirá más de $10.300 millones para la Academia Nacional de Capacitación y gastos operativos, mientras que la Agencia Federal de Emergencias contará con fondos específicos para fiscalización, formación de instructores y compra de equipamiento regional.
Para garantizar la transparencia, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios supervisará el destino de los recursos y podrá suspender los pagos ante irregularidades en las rendiciones digitales.
