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La circulación de un video que mostró a un cuidacoches agrediendo a una empleada de un local comercial del Paseo del Siglo volvió a encender el debate sobre la actividad de los llamados “trapitos” en Rosario. Este miércoles, agentes municipales y efectivos de la Policía provincial lograron aprehender al agresor en la misma esquina donde ocurrió el episodio, en España al 700, pleno centro de la ciudad.
Según informaron desde la Municipalidad, el hombre —conocido en la zona por ejercer como cuidacoches— fue localizado durante un operativo conjunto de la Secretaría de Control y la Policía. Días atrás había quedado registrado en un video cuando escupía a una empleada de un comercio. Al momento de la intervención no pudo ser identificado, por lo que fue trasladado a una comisaría para averiguación de datos.
El secretario de Control municipal, Diego Herrera, volvió a reclamar una ley provincial que regule y prohíba esta actividad, con sanciones claras y efectivas. “Hoy es muy difícil abordar el problema porque no hay normativas claras, ni locales ni provinciales. A nivel municipal solo podemos labrar un acta, y eso no alcanza”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, remarcó que en los últimos dos años se realizaron más de 300 detenciones vinculadas a cuidacoches en Rosario, aunque en muchos casos las personas vuelven rápidamente al mismo lugar.
“El problema es que, sin una herramienta legal más fuerte, el circuito se repite: intervenimos, trasladamos al cuidacoches y, a las pocas horas, está nuevamente en la calle”, explicó Herrera. Mientras tanto, aseguró que el municipio reforzará la presencia territorial en zonas conflictivas.
El debate permanece estancado en la Legislatura de Santa Fe. Los municipios reclaman una norma que permita sancionar esta práctica, pero la falta de tipificación en el Código Contravencional limita la acción policial. Actualmente, las detenciones solo pueden ser por averiguación de antecedentes y no pueden superar las seis horas si no existe un delito concreto, una restricción que, para las autoridades locales, deja expuesto un vacío legal difícil de sostener.
