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El diario británico The Guardian dedicó un extenso informe al impulso del Gobierno de Javier Milei para reactivar la minería de uranio en la Patagonia, una iniciativa que reabrió viejos debates sobre el impacto ambiental, la soberanía sobre recursos estratégicos y el rumbo del programa nuclear argentino.
En ese contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó en noviembre de 2025 la zona de Cerro Cóndor, en Chubut, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) había extraído uranio en la década del 70. La inspección se realizó en el marco de una Revisión Integrada del Ciclo de Producción de Uranio y también incluyó al yacimiento Cerro Solo, uno de los mayores depósitos comprobados del país.
El plan nuclear de la administración libertaria contempla como primer paso la extracción de uranio y, en una segunda etapa, el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) destinados a abastecer centros de datos de inteligencia artificial, además de la exportación de tecnología nuclear y combustible. Todo ello acompañado por una privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina.
Argentina cuenta con más de 75 años de desarrollo nuclear con fines pacíficos y tres centrales —Atucha I, Atucha II y Embalse— que aportan cerca del 5% de la electricidad nacional. Sin embargo, las minas de uranio fueron cerradas en los años 90 y el país pasó a depender de importaciones, lo que el Gobierno considera un problema estratégico.
Las críticas apuntan a que la iniciativa priorice la exportación de uranio a Estados Unidos por sobre el abastecimiento local. En esa línea, Dioxitek firmó en 2025 un acuerdo para proveer hexafluoruro de uranio a una empresa estadounidense, mientras avanza un memorando con capitales británico-argentinos para explotar yacimientos en Chubut.
A esto se suma la polémica por el nuevo reactor modular ACR300 —con apenas un 1% de desarrollo— y la intención de vender el 44% de Nucleoeléctrica, una empresa con superávit. El debate se intensificó tras la reciente renuncia de Demian Reidel a su presidencia, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones.
En una provincia con fuerte tradición antiminera y una ley que prohíbe la megaminería, el plan nuclear vuelve a encender una discusión de fondo: desarrollo energético, ambiente y control de recursos clave.
