Studio 341 NewsLa investigación por el explosivo crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo de máxima tensión tras un pedido de detención que sacudió al oficialismo. La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito judicial en el que acusa al funcionario de haber intentado influir sobre un testigo clave horas antes de su declaración, mediante presuntas presiones vía WhatsApp.
Según la denuncia, el contratista Matías Tabar habría recibido mensajes en los que se le ofrecía “ayuda” a cambio de modificar su testimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Para Pagano, este accionar configura un riesgo procesal grave y un intento directo de entorpecer la investigación, motivo por el cual solicitó la aplicación de la “doctrina Irurzun”, que habilita la prisión preventiva en casos de funcionarios con poder residual.
La presentación judicial coincidió con la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante más de tres horas, el testigo afirmó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por refacciones en la vivienda de Adorni, ubicada en un country bonaerense. Según su relato, los pagos fueron realizados sin facturación y directamente por el propio funcionario.
Desde el entorno de Adorni rechazaron las acusaciones, calificaron de “falsos” los montos mencionados y anticiparon que pedirán peritajes. Sin embargo, el impacto político ya es evidente: la ofensiva de Pagano expone una ruptura dentro del oficialismo y deja la definición en manos de la Justicia.
