Studio 341 NewsAnte el avance de un ambicioso proyecto petrolero en las Islas Malvinas, el gobierno de Tierra del Fuego activó una estrategia judicial en el exterior que dejó expuesta la debilidad de la respuesta diplomática argentina. En los últimos días, la provincia denunció a la empresa Navitas Petroleum ante la autoridad reguladora del mercado de valores de Israel, al acusarla de ocultar información clave sobre la ilegalidad del emprendimiento que desarrolla junto a la británica Rockhopper.
El proyecto León Marino (Sea Lion) prevé la extracción de unos 1.700 millones de barriles de crudo hacia 2028, con ingresos multimillonarios destinados a la administración isleña. La iniciativa se apoya en licencias otorgadas por el Reino Unido, consideradas ilegales por la legislación argentina y cuestionadas en el ámbito internacional.
La presentación fueguina apunta a presuntas irregularidades en la comunicación a inversores, al considerar que la firma minimizó los riesgos jurídicos y geopolíticos de operar en un territorio en disputa. En paralelo, la Cancillería argentina rechazó formalmente el proyecto, aunque sin desplegar una estrategia sostenida para frenar su avance.
Mientras tanto, el esquema offshore continúa expandiéndose. La legislatura isleña avanza con iniciativas para fortalecer la participación local en la industria hidrocarburífera, consolidando un modelo económico basado en la explotación de recursos.
En este contexto, especialistas advierten que la falta de protestas diplomáticas sistemáticas puede debilitar la posición argentina. Sin herramientas judiciales internacionales compulsivas, el margen de acción se reduce a la presión política y económica, en un escenario donde el tiempo juega a favor de las inversiones en curso.
