Studio 341 NewsLa entrada en vigencia de la Disposición 5461/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) abrió un nuevo frente de conflicto entre sectores sindicales y el Gobierno. La norma comenzó a regir el 1° de septiembre y modificó el esquema de aranceles para trámites vinculados con especialidades medicinales y productos médicos.
El punto de mayor controversia está puesto en los aranceles aplicados a operaciones de comercio exterior. Sectores gremiales y vinculados a obras sociales sostienen que la medida impactó sobre importaciones de medicamentos de alta complejidad e insumos médicos que no se producen en el país. Según esa interpretación, la aplicación del nuevo esquema habría generado dificultades en trámites asociados a pacientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La normativa establece topes máximos de $12 millones para importaciones de especialidades medicinales y de $5 millones para productos médicos, mientras mantiene las escalas y porcentajes establecidos previamente.
Desde la ANMAT, sin embargo, rechazaron que se hayan creado nuevos aranceles o eliminado exenciones. El organismo sostuvo que las tasas vigentes son las mismas desde junio y que la disposición estableció límites máximos para evitar distorsiones en operaciones de gran volumen y dar previsibilidad al sector.
Además, remarcaron que los aranceles corresponden a personas jurídicas, como laboratorios, droguerías e importadores, y no a pacientes particulares. En ese sentido, la ANMAT negó que existan trámites comerciales frenados vinculados con personas con discapacidad y aseguró que sus canales de atención funcionan con normalidad.
La discusión, mientras tanto, quedó instalada entre quienes advierten sobre el impacto del esquema en el acceso a determinados insumos y un organismo que defiende el alcance estrictamente comercial de la medida.
