El escándalo de los aviones que no pueden volar

Los cinco aviones Super Etendard comprados por el gobierno de Mauricio Macri, por 12,5 millones de euros, nunca volaron ni podrán volar. El Ministerio de Defensa nacional le pidió a Francia que realice las gestiones para proveer los asientos eyectables y otras piezas clave de los aparatos, pero una carta del titular de Desarrollo Internacional de la Dirección de Armamento del Ministerio de Defensa francés, ingeniero Gael Díaz De Tuesta, dice textualmente: “Se nos pidió un esfuerzo para encontrar la solución para que los aviones estén en condiciones de volar. Desafortunadamente y después de haber evaluado todas las posibilidades, lamento informarle que no fue posible cumplir con ese objetivo”. 

Los Super Etendard fueron comprados por Macri con el argumento de que servirían para el caso de un ataque durante la cumbre del G-20 realizada a fines de 2018, pero nunca despegaron ni podrán hacerlo.

Los hechos 

La adquisición huele muchísimo a negociado y hoy está siendo investigada por la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción. Era evidente que los aparatos no iban a estar disponibles para la cita de 2018, entre otras cosas porque llevaban mucho tiempo sin volar, pero, sobre todo, porque el dispositivo faltante —decisivo para el asiento eyectable— es originario de Gran Bretaña que, por supuesto, venía vetando la provisión —como ya es habitual— de cualquier material de combate.

En los últimos tiempos, el macrismo hizo circular la versión de que los aviones no se ponían en condiciones porque el gobierno de Alberto Fernández no proveía el presupuesto necesario. En la carta oficial del Ministerio de Defensa francés se deja constancia de que hubo una reunión en París entre el ministro Jorge Taiana y su par francés, Sébastien Lecornu, para encontrar una solución que permita poner a volar a los Super Etendard. Con fecha 17 de marzo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas (ese es el nombre oficial) se dirigió a la Argentina para señalar que no se consiguió el objetivo. 

“Las restricciones del Reino Unido respecto de exportaciones a la Argentina nos impiden conseguir los repuestos para los asientos eyectables. Pero, además, como señaló el jefe de nuestra Marina en 2016, hemos perdido la mayor parte de la capacidad que se necesita para mantener operativas estas naves”. Es decir que ya en 2016, durante el gobierno de Macri, los franceses avisaron que los aviones en cuestión estaban desprogramados y que, por lo tanto, ya entonces no tenían personal para ocuparse de esos aparatos. En síntesis, cuando Macri y su ministro de Defensa Oscar Aguad pagaron los 12.500.000 euros por los Super Etendard, ya sabían que no iban a volar nunca, menos todavía a tiempo de ser utilizados en la cumbre del G-20.

Una compra más que extraña

Como se reveló en marzo de 2022, la investigación interna del Ministerio de Defensa concluyó en una demoledora auditoría en la que se consignó que los Super Etendard eran aparatos en desuso que se sabía que no iban a poder volar y se compraban para ponerles después los repuestos necesarios y poder usarlos, entonces sí, en el aire. Los aviones llegaron en mayo de 2019 y ya en ese momento había informes de la Armada señalando que los repuestos eran muy difíciles o imposibles de conseguir.

La compra de los Super Etendard era extraña por donde se la mire. La firma de la operación estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro Aguad, en tanto que los fondos los dispuso el entonces titular de Economía, Nicolás Dujovne. Antes de concretarse la compra, hubo un sugerente intercambio de mensajes de WhatsApp que evidenciaban el apriete que existía para que la operación se hiciera. Es evidente que los aviones no iban a estar para el G-20 dado que la compra se terminó en diciembre de 2017: era imposible que los repuestos se compraran, llegaran al país, se colocaran y se hicieran los vuelos de prueba y entrenamiento en apenas 11 meses. Pero ni eso ocurrió: los aviones llegaron recién en mayo de 2018 y, por supuesto, siguen sin despegar. 

Las exigencias de EE.UU.

Para las cumbres del G-20, Estados Unidos suele realizar exigencias en materia de seguridad. Por ejemplo, en 2005, en época de Néstor Kirchner, hubo presión de Washington para colocar un portaaviones en Mar del Plata. Ese permiso se denegó. La administración de Kirchner dispuso aviones Mirage y A4 en Tandil, pero no permitió ninguna otra presencia extranjera. Estados Unidos resolvió utilizar el aeropuerto de Santiago de Chile como base y siempre corrió el rumor de que ubicó un portaaviones fuera de la plataforma continental argentina. En 2018, Washington manejó casi totalmente la seguridad: puso aviones en Ezeiza, El Palomar, Mendoza y Uruguay.

Lento, todo lento

Con las evidencias a la vista, parece cantada una de las siguientes opciones:

* Incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque se hizo una compra de aviones que ya se sabían que no iban a volar para el momento del G-20. O sea, hubo ineptitud, ineficiencia, con un alto costo para el Estado.

* Fraude en perjuicio del Estado, cuando se trata de maniobras tan evidentes que muestran intencionalidad y derivan en gigantescas pérdidas para el erario público.

* Cohecho, algo que parece surgir de lo ocurrido: se cobró una coima por la operación. Es decir, que hubo una comisión para los funcionarios que actuaron.

Lo asombroso es que los organismos de control no terminan de pronunciarse y no se hace la denuncia penal como corresponde. En el Ministerio de Defensa esperan los dictámenes de la Sindicatura General de la Nación, de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Se van a cumplir seis años de la compra y, si uno toma en cuenta los ritmos de Comodoro Py en las causas contra el macrismo, pueden pasar otros diez años sin que nadie sea condenado por una operación escandalosa. Se mire por donde se mire.