Atentado a Cristina Kirchner: el fiscal Rívolo pidió enviar a juicio a Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó este lunes enviar a juicio a Fernando Sabag Montiel y a su novia, Brenda Uliarte, como coautores del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sumado a esto, también pidió que vaya a juicio el denominado "jefe de los copitos", Nicolás Carrizo, como partícipe secundario del hecho. Al respecto, requirió a la jueza que dé por cerrada esta parte de la investigación.

En el pedido hecho ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal aseguró que los acusados actuaron de forma "premeditada", ya que "habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato" de Cristina Kirchner. Asimismo, Rivolo solicitó dictar el sobreseimiento parcial de Sabag Montiel y Uliarte por otro delito, el acopio de armas, y también sobreseer a Agustina Díaz, una joven que estuvo detenida al inicio de la pesquisa.

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"Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click", detalló la fiscalía.

El fiscal recurrió a las imágenes tanto de las cámaras de seguridad como de otras tantas cámaras que estaban presentes en ese momento en el departamento de la exmandataria. Asimismo, contó con otra gran cantidad de pruebas, entre ellas, los mensajes que se mandaron Sabag Montiel y Uliarte planificando el hecho desde muchos días antes y las conversaciones que tuvieron con terceras personas.

En ese sentido, según surge de las conversaciones, tal fue la planificación que hasta idearon alquilar un inmueble cercano a la vivienda de la vicepresidenta y desde un balcón atentar con un arma de fuego, algo que, finalmente, desistieron.

Respecto a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del fallido atentado entre él y Uliarte, donde el joven pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él. "Estamos decididos a matarla a la puta esa", mencionó Carrizo, quien además mantuvo una conversación con otras personas donde les hacía saber que él había participado en la planificación del hecho.

"Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante", concluyó la fiscalía.

"Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos", sostuvo el fiscal. En esa línea, tuvo en cuenta que el arma utilizada pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual había convivido.

Sumado a esto, la prueba incorporada permitió descartar una posible financiación o pago directo a los imputados. Al respecto, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos por trabajar con una aplicación de traslados, mientras que Uriarte contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido la máquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública.

"Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir", indicó la fiscalía.

Asimismo, Rívolo descartó una posible vinculación de los imputados con algún partido político o agrupación. "No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso", explicó. Y agregó: "Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc. Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos".

El fiscal dio por cerrada la investigación en relación a los tres detenidos, pero advirtió que "teniendo en cuenta que aún restan medidas que producirse en relación con algunas de las hipótesis introducidas en autos orientadas a comprobar la existencia de otros posibles partícipes y/o autores intelectuales de la maniobra investigada, es que consideramos que corresponde que V.S. ordene la extracción de testimonios para continuar avanzando en la investigación de aquéllos supuestos".

Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza correrá vista a las partes, defensas y querella para que opinen y luego definirá si la causa pasa a instancias de juicio oral para juzgar a los 3 detenidos. Sin embargo, un tramo de la causa podría seguir bajo investigación si faltan medidas de prueba por delante.

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La fiscalía, la cual tiene delegada la investigación, es la que hizo el pedido en momentos en que la vicepresidenta, quien es querellante en la causa, solicita más medidas de prueba y vincula a sectores de la oposición como ser el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman.

En ese sentido, 48 horas antes del atentado, un asesor legislativo del bloque de Frente de Todos declaró que en un café cercano al Congreso hubo una reunión entre Milman y dos asesoras suyas y que el legislador les dijo que tenía previsto irse a la Costa Atlántica "cuando la maten" a la exmandataria. Si bien el diputado no fue imputado, se está investigando a sus secretarias sobre si dijeron o no la verdad respecto a que eso que se le atribuye a Milman es falso.

La querella de la vicepresidenta ya manifestó su oposición a que la causa sea juzgada de manera parcial y reclamó que antes concluyan medidas de prueba en torno a diferentes pistas de la investigación, entre ellas la que involucra a Gerardo Milman. Sin embargo, los abogados de la expresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, aclararon que "subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral".