El plan del Gobierno para poner freno a los amparos contra el DNU y restablecer los cambios laborales

La Procuración del Tesoro a cargo de Rodolfo Barra trabaja contrarreloj en la presentación que hará esta semana para apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de que la catarata de pedidos de amparos presentados a lo largo y ancho del país para frenar el DNU 70/23 vuelva a ser un “proceso colectivo” y sea tratado como un solo expediente. 

Además, continuarán trabajando en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que revea la decisión de la Cámara del Trabajo de suspender el Capítulo IV (que modifica aspectos de la legislación laboral) del megadecreto. Así lo explican en la propia Procuración. Mientras el Máximo Tribunal no habilite la feria, la evaluación de la presentación quedará para el mes de febrero cuando los ministros fallen sobre la cuestión de fondo. 

En la Procuración temen que la decisión del juez a cargo de la feria en lo Contencioso de Enrique Lavié Pico, que desarmó el “proceso colectivo” al tomar un pedido de amparo del Observatorio de la Ciudad, desencadene en la multiplicación de expedientes en todo el territorio nacional. Ya hay cerca de cuarenta presentados. Según el propio Barra, se podrían desencadenar cerca de un centenar de expedientes, lo que podría ser complejo y trabajoso para el cuerpo de abogados del Estado. Incluso, podría haber sentencias contradictorias entre sí.  

El Procurador mantiene un buen concepto del magistrado, aunque no deja de marcar discrepancias con la decisión que tomó y que puso en jaque la estrategia del Gobierno, que pretendía concentrar todas las demandas en el fuero contencioso, en el que Barra tiene gran influencia. 

Es por ello que desde la Procuración veían con buenos ojos la decisión inicial de Esteban Furnari que aglutinó todas las presentaciones en un solo expediente bajo el paraguas de “proceso colectivo”.

Barra y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona trabajan ahora en las presentaciones que debe realizar el Gobierno para revertir los frenos judiciales.  

Desde un principio el Procurador mostró discrepancias internamente con la estrategia elegida por el presidente Javier Milei de presentar todas las reformas en un solo mega-DNU. A juicio de Barra, podrían haberse presentado diversos decretos divididos por temáticas. Con todo, el jefe del cuerpo de abogados del Estado cierra filas con el contenido.  

Es por ello que Barra hace una defensa férrea de la “necesidad” y de la “urgencia” que existe en aplicar reformas tendientes a mejorar la situación económica del país y no ahorra críticas para con la Cámara del Trabajo, por mostrar favoritismo para con los sindicatos. Además, considera que la determinación sobre la “necesidad” o la “urgencia” de implementar las medidas no es materia justiciable.  

Barra también tiene señalamientos para con los sindicatos y las “cuotas solidarias” que terminan perjudicando a los trabajadores y los consumidores según él mismo explica.  

“Nosotros confiábamos que la Cámara del Trabajo iba a cumplir rigurosamente con la ley, pero sabíamos que es un fuero que tiene una inclinación muy marcada en favor de los gremios”, sostuvo Barra.

En el Gobierno y en la Procuración no observan la serie de decisiones judiciales de la última semana como un traspié o una derrota. Por el contrario, creen que las instituciones del país están funcionando y que tanto la ley ómnibus como el megadecreto ya están siendo puestos a consideración del Poder Legislativo, tal como marca la ley.

Para Barra, el DNU 70/23 lejos de “saltear” el Congreso lo que hace es activarlo dado que por el mecanismo previsto en la Constitución, el jefe de Gabinete tiene diez días para remitir el texto al Congreso (ingresó el viernes), lo que obliga a los legisladores a abordar su contenido. 

En la Procuración además entienden que el jefe de la administración del Estado Nacional es el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, por lo que en la práctica termina siendo el verdadero responsable por el megadecreto anunciado semanas atrás a través de cadena nacional. Una suerte de paraguas legal para el Presidente (quien es el jefe de la Nación), pero que pone a disposición del Congreso ni más ni menos que la “cabeza” de una pieza clave de los colaboradores de Milei. 

El Congreso podría avanzar con una “moción de censura” contra el jefe de los ministros.   

Repercusiones en el Patio de las Palmeras. En Casa Rosada niegan que las serie de medidas judiciales de la semana que termina sean un “golpe” para el Gobierno y además entienden que “inexorablemente” habría decisiones judiciales que meterían trabas y demoras a la desregulación impulsada por el megadecreto. 

Fuentes del Gobierno señalaron ante este diario que el “ataque” al DNU está vinculado a la resistencia que oponen los sindicatos sobre todo por la eliminación de la “cuota solidaria”. 

En los pasillos del Palacio de Gobierno intentaron bajarle el tono a la discusión. Rechazaron enojos por parte de Milei para con Barra y Cúneo Libarona e Insistieron en que el Poder Ejecutivo no se entrometerá en las cuestiones de la Justicia. Además, destacaron que el Presidente está enfocado en el monitoreo de los números de la economía.