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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, han desatado controversia al compartir imágenes de una serie de requisas sorpresivas en cárceles de la provincia. Estas imágenes, que muestran a presos sentados en el suelo en medio de rigurosos controles de seguridad, evocan a los operativos carcelarios realizados en El Salvador durante la gestión de Nayib Bukele.
La publicación, realizada en las cuentas de Instagram de los funcionarios, estuvo acompañada por un mensaje dirigido a los propios reclusos, advirtiéndoles que "cada vez la van a pasar peor". Esta medida drástica se produce en el contexto de un reciente ataque armado contra un colectivo que transportaba personal del Servicio Penitenciario en Rosario, donde uno de los agentes resultó herido.
Según el ministro de Seguridad de Santa Fe, este ataque sería una reacción de los presos vinculados al narcotráfico, quienes han perdido privilegios desde la asunción del gobernador Pullaro. "No van a poder ni pestañear", había amenazado Cococcioni.
El gobierno respondió al ataque con requisas sorpresivas en la Unidad Penitenciaria Nº 11, conocida como Penal de Piñero, donde se han decomisado elementos peligrosos como armas blancas, celulares y chips. Las imágenes difundidas recuerdan a las divulgadas por Nayib Bukele en El Salvador, mostrando a los reclusos en condiciones de vulnerabilidad.
Pullaro y Cococcioni defendieron su accionar, asegurando que están implementando un plan de seguridad para proteger a los ciudadanos de Santa Fe. "Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión", advirtieron los funcionarios.
Además, Pullaro ha puesto sobre la mesa sus demandas antes de la reunión del Pacto de Mayo, exigiendo al gobierno nacional el pago de una deuda de 600 mil millones de pesos a la provincia de Santa Fe. Esta postura marca un límite claro al Poder Ejecutivo, especialmente en lo que respecta a aumentos en las retenciones al agro e industria, medidas que la provincia no está dispuesta a respaldar.
En resumen, las acciones enérgicas del gobierno de Santa Fe, tanto en materia de seguridad como en sus exigencias económicas, están generando un fuerte debate en el ámbito político y social de la provincia.
