El Gobierno reestructura la AFIP para controlar la moratoria y el blanqueo de capitales

Por decreto, el Ejecutivo dispuso concentrar la fiscalización tributaria y previsional en la DGI.

Actualidad03/07/2024Studio341NewsStudio341News
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El Gobierno ha dispuesto una profunda reestructuración en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en un movimiento estratégico tras la aprobación del Paquete Fiscal en el Congreso. La medida, detallada en el Decreto 559/2024 publicado en el Boletín Oficial este miércoles, tiene como objetivo central optimizar el control de la moratoria y el blanqueo de capitales.

La decisión ejecutiva argumenta la necesidad operativa de ajustar la estructura organizativa de la AFIP. La Dirección General Impositiva (DGI) concentrará ahora la fiscalización tributaria y previsional en el área metropolitana, con unos 700 agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) pasando a su jurisdicción.

Entre los cambios destacan la eliminación de ocho direcciones y tres subdirecciones, lo que implica la reducción de 44 cargos jerárquicos. Sin embargo, desde AFIP aclaran que esta reducción no afectará el personal, sino que busca modernizar los controles fiscalizadores para la moratoria y el blanqueo.

La unificación de las actividades de control tributario y previsional bajo una 'ventanilla única' promete simplificar el cumplimiento de los contribuyentes y eliminar la doble fiscalización. Este paso se presenta como parte de una estrategia para aplicar criterios uniformes y mejores prácticas operativas, especialmente de cara al próximo proceso de regularización de activos y deudas.

El Gobierno subraya que esta medida buscará potenciar la coordinación entre la materia impositiva y los tributos del sistema de la Seguridad Social, con el objetivo de lograr sinergias operativas en la AFIP.

Desde el organismo dirigido por Florencia Misrahi se asegura que la DGRSS continuará manejando la distribución de fondos para los subsistemas de seguridad social, así como mantendrá su rol en la interacción con instituciones públicas y privadas, además de la investigación y denuncia en casos de trata de personas.

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