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La Provincia de Santa Fe ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizaba con la Caja de Jubilaciones de los estatales provinciales. La administración de Maximiliano Pullaro cuestiona judicialmente la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que, de manera “inconsulta e intempestiva”, dispuso la suspensión de dichos pagos. Además, se solicita una medida cautelar que reponga las transferencias que Nación debe cumplir, conforme a acuerdos que datan de hace más de 30 años entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.
En los años 90, la Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias, y a cambio asumió la responsabilidad de las cajas de jubilaciones provinciales. Sin embargo, provincias como Santa Fe no cedieron sus cajas, pero sufrieron el impacto de la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados establecieron que la Nación cubriría los déficits de las cajas no transferidas.
La recurrente falta de cumplimiento por parte de Nación hacia Santa Fe llevó a una judicialización, y actualmente se estima una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe de $700.000 millones. Esta cifra incluye el monto que la Provincia dejó de recibir desde 2020, por pagos que Nación realizaba, pero basados en estimaciones desactualizadas de ejercicios anteriores.
El decreto 280/2024, emitido por la actual gestión, dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Estos artículos establecían que ANSES debía transferir, antes del día 20 de cada mes, un anticipo a cuenta del déficit del sistema previsional de cada provincia que no transfirió sus regímenes previsionales al Estado nacional. El importe debía ser equivalente a una doceava parte del déficit anual, ajustado según el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Según el gobierno santafesino, la suspensión de transferencias ha generado una deuda de casi 70.000 millones de pesos entre enero y junio. “Para cubrir el monto que el Gobierno Nacional debería aportar como anticipos, que asciende a $69.884 millones, el Tesoro Provincial ha tenido que reducir partidas destinadas a áreas críticas como Salud, Seguridad y Educación”, señala el recurso presentado ante la Corte. “Además, el Informe de la Caja indica que los montos necesarios para cubrir el presupuesto previsional aumentan mes a mes, requiriendo cada vez más fondos públicos”, añade el texto de la demanda.
De acuerdo a los últimos datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 eran jubilaciones y 23.931 pensiones, que incluyen a todos los empleados estatales, desde policías y docentes hasta ex magistrados provinciales y ex ministros de la Corte.
“El faltante de fondos durante ya medio año, sin previsión de restablecimiento, junto al incremento mensual de las necesidades financieras de la caja y el contexto de emergencia provincial, determinan una situación que exige una medida urgente para atender las necesidades previsionales. No se trata de cubrir gastos suntuosos, sino de cumplir con los haberes de los jubilados”, advierte el recurso presentado por la Provincia ante el máximo organismo judicial del país.
