
Empresas privadas, vínculos sindicales y una red informal de poder configuran un esquema opaco que controla los operativos en estadios y eventos oficiales, con proyección regional y facturación en dólares.


Los tres ex soldados restantes fueron absueltos y ninguno recibió sentencia por homicidio.
Actualidad21/11/2024
Studio 341 News
El caso que estremeció a Paso de los Libres y expuso los oscuros ritos de iniciación del Ejército Argentino tuvo su desenlace judicial: el Tribunal Oral Criminal Federal de Corrientes condenó a seis exmilitares a ocho años de prisión por abandono de persona en concurso con abuso de autoridad, mientras que los tres restantes fueron absueltos.
Matías Chirino, joven subteniente de 22 años, perdió la vida en junio de 2022 durante un ritual de bienvenida en un batallón del Ejército. Según los fiscales, las acciones de los acusados fueron determinantes en el desenlace fatal. Sin embargo, la justicia no consideró el hecho como homicidio, dejando esa figura legal fuera del veredicto final.
Entre los condenados figuran Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta. Para ellos, el tribunal determinó penas de ocho años tras concluir que incurrieron en el abandono del joven oficial mientras ejercían abuso de autoridad.
Por otro lado, Gerardo Sebastián Bautista, Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata, los tres exsoldados también imputados, fueron absueltos. Bautista, quien había llegado al juicio detenido y acusado como coautor de homicidio, quedó en libertad. Grupico y Cayata, señalados como partícipes secundarios, nunca estuvieron presos.
La Fiscalía General de Corrientes, encabezada por Carlos Schaefer, había solicitado 20 años de prisión para los acusados bajo la carátula de homicidio. No obstante, el fallo dejó afuera esta figura, generando críticas y desconcierto entre los familiares de Chirino, quienes aseguran que seguirán luchando por justicia.
El caso reabre el debate sobre las prácticas que aún persisten en las fuerzas armadas y el rol del Estado en garantizar derechos fundamentales dentro de sus filas. La sentencia, aunque definitiva en lo judicial, deja interrogantes abiertos en lo social.

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