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La Justicia boliviana avanzó con fuerza contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019): la Fiscalía lo imputó por el delito de trata de personas y emitió una orden de detención en su contra. El caso, que se remonta a 2015, también lo vincula con un presunto estupro agravado y podría comprometer su futuro político.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó en rueda de prensa que se aguarda la fecha para la audiencia de medidas cautelares. "Hemos iniciado una investigación a partir de un informe presentado por inteligencia. Siendo estos delitos de orden público, tenemos la obligación de actuar", señaló Gutiérrez, quien recordó que ya existe una orden de aprehensión vigente desde el pasado 16 de octubre.
Además, la Fiscalía solicitó una alerta migratoria para impedir cualquier intento de fuga de Morales, quien permanece como una de las figuras políticas más relevantes en Bolivia.
La investigación pone el foco en hechos ocurridos en 2015, cuando Morales aún era presidente. En Bolivia, el delito de trata de personas contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión.
El avance de la causa judicial amenaza con complicar aún más la posición del líder del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) y dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el principal sindicato cocalero del país. Morales, símbolo del movimiento indígena y campesino durante las últimas dos décadas, enfrenta un escenario judicial y político crítico que podría limitar su capacidad para seguir al frente de esas organizaciones clave.
