Rosario: prisión preventiva para un joven acusado de usura y extorsión

La mujer pidió el crédito informal en agosto pasado y desde entonces fue intimidada por un delincuente de 26 años de nacionalidad colombiana que se presentaba en su casa armado para pedirle el doble del monto que había solicitado.

Policiales24/12/2024Studio341NewsStudio341News
Dinero

Un colombiano de 26 años, Kevin Rodrigo Muñoz Delgado, quedó en prisión preventiva tras ser imputado por un caso de usura y extorsión en la zona noroeste de Rosario. Según la acusación, el joven le prestó 700 mil pesos a una comerciante con la exigencia de que devolviera el doble en un plazo corto. Al incumplir un pago, la víctima sufrió intimidaciones, le balearon la casa y terminó entregándole su tarjeta de débito.

El fiscal Federico Rébola detalló ante el juez Facundo Becerra que Muñoz Delgado “se aprovechó de la necesidad e inexperiencia” de la mujer, quien no podía acceder a un crédito formal. El préstamo fue realizado el 23 de agosto, con la condición de que devolviera 1.400.000 pesos en dos cuotas, a pagar en septiembre y octubre.

La situación escaló cuando la comerciante no pudo cumplir con los pagos. Según la investigación, Muñoz Delgado la visitaba en su casa cada tres días, portando un arma de fuego. Finalmente, la víctima entregó su tarjeta de débito para calmar las amenazas. Sin embargo, el 17 de octubre la vivienda de la mujer fue atacada a balazos desde una moto. Dos días después, recibió nuevos mensajes intimidatorios exigiendo la cancelación total de la deuda.

De acuerdo con la acusación, la comerciante logró transferir 850 mil pesos a distintas cuentas indicadas por el imputado. Uno de los beneficiarios fue Raúl Ariel Pelozo, quien también fue imputado como partícipe en la trama extorsiva. Pelozo quedó en libertad, pero deberá cumplir reglas de conducta durante dos años.

En el allanamiento realizado en la vivienda de Muñoz Delgado, la policía secuestró armas de fuego y municiones, lo que involucró a Paula Angulo, pareja del acusado. Angulo fue imputada por tenencia ilegal de armas y recibió arresto domiciliario por dos años, bajo estrictas normas de conducta.

La investigación sigue avanzando, mientras el caso revela la crudeza con la que operan las redes de usura y extorsión en la región.
 

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