Studio 341 News
Lo que parecía un emprendimiento prometedor entre amigos terminó en una guerra judicial que incluyó acusaciones de estafa e inhibición de bienes. Todo comenzó en 2019, cuando Marcelo C. convenció a Soraya V. y su esposo, Fabián T., de asociarse para obtener la concesión de un bar en la costanera norte de Rosario. La relación de confianza pesó más que la formalidad, y la pareja aceptó.
Según consta en la denuncia, Marcelo C., quien tenía experiencia en el rubro gastronómico, quedó como titular del negocio en los papeles. Mientras tanto, Soraya y Fabián pusieron manos a la obra: invirtieron en equipamiento y muebles, confiando en su amigo. Sin embargo, la ilusión de un proyecto compartido se desmoronó apenas el bar abrió sus puertas.
Las discusiones se volvieron habituales y, de acuerdo al relato de los denunciantes, Marcelo C. terminó por desconocerlos como socios y prohibirles la entrada al local. La respuesta de la pareja fue llevar el caso a la Justicia, pero en primera instancia los jueces desestimaron la denuncia al no encontrar pruebas suficientes que acreditaran la existencia de una sociedad.
En su defensa, Marcelo C. sostuvo que Soraya había sido contratada como administradora del bar y que el dinero que aportó era un préstamo. Sin embargo, un fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, en noviembre de 2023, le dio un giro a la historia. La sala IV consideró acreditada una sociedad de hecho entre las partes, apoyándose en testimonios de empleados que los identificaban como socios, una cuenta bancaria conjunta y correos electrónicos en los que Marcelo informaba a la pareja sobre la marcha del negocio.
El fallo estableció un reparto del 50% de las ganancias para cada parte, pero el conflicto no terminó ahí. Con esa decisión judicial como base, Soraya y Fabián denunciaron a Marcelo C. y a su esposa, Mirta G., por presunta estafa en el fuero penal. En noviembre, el juez Hernán Postma dictó la inhibición de bienes de la pareja acusada por un plazo de seis meses.
Desde el municipio señalaron que, hasta que la Justicia no resuelva la disputa, el tema seguirá siendo considerado un conflicto entre privados. Mientras tanto, la concesión del bar sigue figurando a nombre de Marcelo C., quien enfrenta una situación judicial cada vez más complicada.
