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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió con rapidez y contundencia al pedido del presidente Javier Milei a través de su cuenta de X: "Presidente, ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia". La declaración dejó en evidencia un alineamiento pleno con la solicitud presidencial y subrayó su disposición para actuar con celeridad en el tema.
El pedido de Milei apunta a que la Justicia retire la custodia oficial asignada a la ex primera dama, Fabiola Yañez, quien reside actualmente en España. La medida llega en medio de un enfrentamiento judicial entre Yañez y el expresidente Alberto Fernández, en un caso de presunta violencia de género.
"Le pedí a la ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la Justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del expresidente", publicó Milei en X. Y añadió: "Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura".
Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el informe solicitado ya está en preparación y será elevado a la Justicia en los próximos días.
Polémica por el costo y uso de la custodia oficial
La controversia sobre la custodia oficial de Yañez se intensificó luego de que trascendieran imágenes de la ex primera dama cenando en el exclusivo restaurante La Única, en Madrid, para recibir el Año Nuevo. En las fotografías, se la ve acompañada por custodios y un hombre señalado como su nueva pareja.
El oficialismo, por su parte, busca avanzar con un proyecto legislativo para eliminar las custodias oficiales para exmandatarios que residen en el extranjero. La iniciativa, impulsada por la diputada Marcela Pagano, propone modificar el Decreto 735/2023, firmado por Alberto Fernández en los últimos días de su gobierno, que establece estos beneficios.
Según cifras oficiales, el gasto mensual de la custodia de Fabiola Yañez ronda los 36.000 dólares, un monto que el actual gobierno considera inaceptable e injustificable.
Ahora, la Justicia deberá decidir si acepta el pedido del Ejecutivo para retirar este beneficio a la ex primera dama.
