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Una de cal y una de arena para el transporte público del interior. Luego del revés judicial del año pasado, cuando se rechazaron dos amparos colectivos que pedían la restitución de los subsidios nacionales, ahora la Justicia federal abrió la puerta para que nuevos actores se sumen a la demanda. El objetivo: robustecer el reclamo y evitar la dispersión de causas paralelas.
La resolución llegó desde el Juzgado Federal N° 1 de Rosario, a cargo del juez Gastón Salmain, quien ordenó la publicación oficial de los litigios para facilitar que personas u organizaciones interesadas se incorporen a la acción colectiva.
“Con el fin de evitar la multiplicación o superposición de procesos con idéntico objeto”, sostuvo el magistrado, se deberá publicar durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial un aviso que notifique sobre la existencia del expediente. La parte actora tiene un plazo de cinco días para cumplir con esta obligación y comunicarlo formalmente en el expediente.
La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, retoma parte del espíritu de las medidas cautelares que ya habían sido rechazadas por la Justicia. Aquellos amparos buscaban, entre otras cosas, que el Estado nacional mantuviera vigente el Fondo de Compensación al Transporte Público, una herramienta clave para sostener el sistema en las provincias y evitar que el boleto se dispare.
Las demandas ponían el foco en garantizar una tarifa “justa y accesible” y solicitaban que el fondo se integrara con al menos $85.000 millones, más un 211,4% de actualización por inflación correspondiente a 2023. Pero la falta de aval judicial dejó en suspenso esa inyección de recursos, que muchos consideran crucial para la supervivencia del sistema fuera del Área Metropolitana.
