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El 14 de noviembre de 1973, el Congreso Nacional sancionó la Ley 20.561, que estableció el 10 de junio como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas. La fecha busca recordar la histórica Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año cumplirá 60 años. En ese documento clave, la ONU reconoció formalmente la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, una cuestión que desde entonces se conoce como la “Cuestión Malvinas”.
La resolución fue aprobada por amplia mayoría y, llamativamente, ni siquiera el Reino Unido votó en contra. Surgió a partir de los trabajos del Comité de Descolonización de 1964, donde el entonces embajador argentino José María Ruda dejó un alegato que marcó un antes y un después en la diplomacia nacional. Allí, Ruda reafirmó que las Malvinas son parte integral del territorio argentino y pidió negociaciones bilaterales urgentes que contemplen los intereses —y no los deseos— de los isleños, en línea con la Carta de la ONU.
“Nuestro propósito es persuadir a la comunidad internacional de que las Islas son parte integrante del territorio argentino, y que el deber jurídico y moral de Gran Bretaña es devolverlas a su verdadero dueño”, sentenció Ruda en su discurso histórico.
Por entonces, el presidente argentino era Arturo Illia, derrocado en 1966 por un golpe militar. Ruda, destacado jurista y diplomático (luego juez y presidente de la Corte Internacional de La Haya), dejó una huella indeleble en la defensa de los derechos argentinos.
Sin embargo, desde aquellos años hasta hoy, la cuestión Malvinas ha sufrido vaivenes políticos y falta de continuidad. Tanto gobiernos civiles como militares han dejado de lado un enfoque coherente y sostenido, muchas veces atrapados en la lógica pendular de la política local. El capítulo más trágico fue la absurda guerra de 1982, impulsada por una dictadura desesperada.
A lo largo del tiempo, no han faltado expresiones polémicas que menospreciaron la causa. En 1997, el entonces empresario Mauricio Macri llegó a decir: “La verdad es que los temas de soberanía en un país tan grande como el que tenemos nunca los entiendo mucho (...). Creo que las Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina”. Ya como presidente, en 2019, sostuvo: “Solo con el diálogo con los isleños y con Gran Bretaña se recuperará la soberanía de las Islas”, en clara contradicción con la resolución de la ONU.
Otro ejemplo fue el del diputado Alfredo Cornejo, quien en un programa televisivo de 2020 calificó a la cuestión Malvinas como “un fiasco enorme”, sin mencionar a los Veteranos de Guerra.
Tampoco ayudaron los denominados Acuerdos de Madrid (1989-1990) ni el controvertido pacto Foradori-Duncan (2016), que otorgaron beneficios a los británicos sin avances en la cuestión de fondo.
Hoy más que nunca, la dirigencia política no puede ignorar el valor estratégico de las Islas: desde el Atlántico Sur se controla una vasta zona que va desde la boca del Amazonas hasta la Antártida y desde Sudamérica hasta África. Además, la presencia británica en la región viola principios como los del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe armas nucleares en América Latina y el Caribe.
Frente a los discursos vacilantes, es oportuno recordar las palabras de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, quien en 1982 dijo: “La soberanía de las islas Malvinas es una reivindicación histórica, jurídica y geográfica que todo el pueblo argentino ha reclamado y reclama”. También el escritor Ernesto Sábato sostuvo: “Cuando los países débiles son despojados por potencias imperiales, la herida es profunda y el sentimiento de nacionalidad y soberanía es vehemente y digno”.
Incluso el presidente Raúl Alfonsín pidió no confundir la dictadura con la causa Malvinas, al afirmar: “Es hora de escuchar al pueblo y a los oficiales, suboficiales y soldados que lucharon en el frente contra el imperialismo”.
La causa Malvinas no admite indiferencia. Así lo marca la propia Constitución Nacional, que en su primera disposición transitoria ratifica: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”.
