Studio 341 News
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota formal ante la Justicia en la que expresó su "profunda preocupación" por la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución. El organismo, que responde al jefe de Gobierno Jorge Macri, advierte sobre los “efectos negativos” que tendría esa medida en una zona considerada clave por su densidad de tránsito y concentración de personas.
Según fuentes porteñas, el documento fue elevado al Tribunal Oral Federal N°2, encabezado por el juez Jorge Gorini, quien tiene en sus manos la decisión final sobre si la ex mandataria podrá cumplir en su casa la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en la causa Vialidad.
“La Ciudad ya está registrando concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga operativa desde que se confirmó la condena”, señala el escrito, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas. En ese contexto, se reclama la implementación de medidas excepcionales para preservar el orden público y garantizar los servicios esenciales, con intervención conjunta de autoridades locales y nacionales.
El departamento en cuestión está ubicado en San José y Humberto Primo, en plena zona de alto tránsito vehicular y peatonal, cerca de arterias neurálgicas como las avenidas 9 de Julio, Independencia y Entre Ríos. En ese sentido, la Procuración advierte que la presencia de Cristina allí implicaría “graves y sostenidas afectaciones” en la movilidad, la seguridad y la vida cotidiana del barrio.
El planteo también pone el foco en la falta de participación de la Ciudad en los relevamientos ordenados por el TOF2: “La inspección del estado edilicio, el entorno barrial y el flujo vehicular fue realizada exclusivamente por organismos federales, sin intervención de la autoridad local competente”, cuestiona el texto.
En el documento se insiste en que la zona carece de capacidad operativa para sostener un dispositivo de custodia permanente sin comprometer el funcionamiento general. “La detención de una figura política de alta visibilidad atraerá concentraciones masivas de partidarios y opositores en una zona ya congestionada”, remarcan.
Además, se destaca la cercanía con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, lo que implicaría interferencias directas en el acceso y desarrollo de las actividades académicas. “La presencia de un operativo de seguridad permanente afectaría sensiblemente la circulación de miles de estudiantes, docentes y trabajadores”, se advierte.
Por todo esto, el Gobierno porteño reclama que, en caso de concederse el arresto domiciliario en ese inmueble, se implementen acciones concretas: desde la delimitación de horarios y condiciones de visita hasta la garantía de libre acceso a domicilios linderos y el paso irrestricto de ambulancias y servicios de emergencia.
La nota concluye con un pedido formal a la Justicia para que coordine medidas paliativas específicas junto a las áreas técnicas de los gobiernos nacional y local, con el objetivo de resguardar el interés público.
