Cristina Kirchner denunció restricciones a sus visitas y volvió a cargar contra la Justicia: “¿Hay un Código Penal especial para mí?”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este jueves un duro mensaje contra el Tribunal Oral Federal N°2, al que acusó de imponerle un “régimen de exclusión arbitrario” durante su detención domiciliaria. La exmandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, denunció restricciones para recibir visitas en su domicilio, y advirtió que se están vulnerando sus derechos civiles y políticos.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), la expresidenta criticó al tribunal por exigir que las visitas sean previamente autorizadas y limitadas exclusivamente a su círculo familiar, abogados y médicos. “Ayer el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que solo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, escribió la también exvicepresidenta.

Cristina denunció además que el resto de sus vínculos personales, como “amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida”, fueron excluidos por decisión judicial. “Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, agregó. Y lanzó con ironía: “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”

El reclamo de la defensa

En paralelo, sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito ante el Tribunal para solicitar que se reviertan las restricciones. Señalaron que la exigencia de un listado cerrado de visitantes —que incluye únicamente a familiares, profesionales médicos, abogados y fuerzas de seguridad— no tiene sustento normativo.

“La doctora Fernández de Kirchner, más allá de la condena impuesta, no ha perdido ninguno de los derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”, sostuvieron. Además, remarcaron que, en su rol de presidenta del Partido Justicialista, mantiene vínculos con referentes políticos nacionales e internacionales, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya manifestó su intención de visitarla.

“No parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, plantearon los letrados. “Los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner no pueden ser limitados con motivo de la condena impuesta, a través de una regla de conducta que supedita su interrelación con otros dirigentes a un debate judicial”, advirtieron.

Amparados en el artículo 18 de la Constitución Nacional, los abogados insistieron en que deben garantizarse las relaciones personales en su “mayor extensión posible”, para que la ejecución de la pena no derive en un aislamiento que contradiga el espíritu resocializador previsto en la ley.

Una visita que encendió la polémica

El planteo judicial y el descargo público de Cristina Kirchner se dan luego de una situación que generó ruido en los tribunales: la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ingresó al domicilio de la expresidenta en Recoleta sin estar inscripta en el registro autorizado, a menos de 48 horas de iniciado el cumplimiento de la prisión domiciliaria. El episodio habría derivado en un endurecimiento de los controles y el reclamo de una nómina cerrada de personas habilitadas a ingresar.

Sobre el final del escrito, los abogados advirtieron que si se mantuviera esta restricción “sin fundamento normativo y sin explicación sobre su finalidad”, no solo se estarían lesionando los derechos individuales de su representada, sino también “los de millones de personas que ella representa” y, en última instancia, al “sistema democrático y republicano de gobierno”.

El mensaje de la expresidenta, cargado de críticas a la Justicia, vuelve a tensar la relación entre Cristina Kirchner y el Poder Judicial, en medio del cumplimiento de una condena que sus abogados aún buscan impugnar en instancias internacionales.