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El presidente Javier Milei firmó la aceptación de la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien estaba imputado en tres causas por corrupción, incumplimiento de deberes y prevaricato. El magistrado había presentado su dimisión el 10 de junio, en medio de un proceso de enjuiciamiento que avanzaba en el Consejo de la Magistratura.
El decreto presidencial, que también lleva la firma del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, será publicado en el Boletín Oficial y hará efectiva la salida del juez a partir del 1° de julio. Bailaque se desempeñaba en el Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
La situación del magistrado había escalado a fines de abril, cuando los fiscales federales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra lo denunciaron por tres episodios graves. Entre ellos, se lo acusó de negarse a intervenir líneas telefónicas vinculadas al narco Esteban Lindor Alvarado cuando la causa estaba bajo su control, lo que comprometió la investigación. También lo señalaron por el manejo irregular de fondos de una cooperativa portuaria en San Lorenzo y Puerto San Martín, y por el presunto armado de una causa extorsiva contra un empresario rosarino.
El 19 de mayo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le dictó 90 días de prisión preventiva domiciliaria. Sin embargo, la medida no se pudo ejecutar por los fueros que aún protegían al magistrado, a la espera de una decisión de la Magistratura.
En paralelo, Bailaque afrontaba un proceso en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El 17 de junio presentó un escrito en el que negó todos los cargos. Dos días más tarde, la comisión aprobó por mayoría una iniciativa para suspenderlo y removerlo del cargo. El plenario debía definir la fecha del tratamiento, pero la discusión nunca llegó a concretarse.
Con su renuncia aceptada, el magistrado evita la suspensión formal y el juicio político. El caso reaviva las críticas al sistema judicial por los mecanismos de protección que, en algunos casos, dilatan la acción disciplinaria frente a hechos de gravedad institucional.
