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En un nuevo paso hacia la desregulación de la economía, el Gobierno Nacional avanzó con una profunda reforma en el sector eléctrico que habilita mayor competencia entre prestadores de servicios y pone en marcha un ambicioso plan para ampliar la red de transporte eléctrico en todo el país.
Lo hizo a través del decreto 450/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, en línea con las políticas de apertura y liberalización de distintos sectores productivos.
La iniciativa introduce cambios clave que impactarán de lleno en el funcionamiento del mercado eléctrico:
Apertura total al comercio internacional:
Se habilita la libre importación y exportación de energía eléctrica bajo un marco de reglas claras y predecibles. El Estado solo podrá intervenir en caso de objeciones técnicas o para resguardar la seguridad del suministro.
Contratos entre privados:
Se restablece y refuerza la posibilidad de que empresas y usuarios puedan negociar libremente contratos de compraventa de energía, una práctica que había quedado limitada desde 2013. El objetivo es brindar previsibilidad, fomentar la inversión y asegurar un abastecimiento estable a largo plazo.
Libre elección de proveedor:
Se ratifica el derecho de los usuarios finales a elegir con quién contratar el suministro eléctrico, eliminando trabas regulatorias y operativas que hasta ahora obstaculizaban esta posibilidad.
Transparencia en la facturación:
La norma impone nuevos mecanismos para garantizar que los consumidores conozcan con claridad qué pagan en cada boleta. Se prohíbe incluir tributos locales o cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente prestados.
Además de estos cambios regulatorios, el Gobierno busca impulsar la inversión privada en infraestructura eléctrica, con un plan de expansión de gran envergadura.
Se habilitarán múltiples alternativas para el desarrollo de nuevas obras de transporte eléctrico, promoviendo la participación de capital privado bajo el esquema de concesión de obra, donde cada empresa asume el riesgo de su inversión.
Este plan se vincula con un listado de obras prioritarias definido recientemente por el Ejecutivo, que apunta a destrabar cuellos de botella y reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
En total, está prevista la construcción de 5.610 nuevos kilómetros de líneas de alta tensión, lo que representa una expansión del 38,3% respecto de la red actual. Se trata de una inversión superior a los 6.600 millones de dólares que, aseguran, permitirá mejorar la confiabilidad y capacidad del sistema eléctrico nacional.
El decreto establece un período de transición de 24 meses para que se adecúe la normativa vigente y se garantice una implementación gradual y ordenada de esta transformación estructural.
Con esta movida, el Gobierno apuesta a descomprimir las restricciones energéticas y atraer inversiones estratégicas, en línea con su programa de desregulación y apertura de mercados.
