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La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante la jueza Loretta Preska para suspender el fallo que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF y pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
El Gobierno argumentó que la medida viola la legislación nacional, ya que la entrega de acciones estatales requiere aprobación del Congreso y afectaría a accionistas, provincias y bonistas. Además, advirtió que la decisión de Preska es controvertida a nivel jurídico e internacional y que la ejecución inmediata podría tener consecuencias negativas para terceros.
También remarcó que el caso plantea cuestiones legales inéditas que podrían derivar en la revisión del fallo en instancias superiores. Por último, respondió a los demandantes que citaron a Axel Kicillof, y aclaró que sus opiniones no representan al Gobierno actual.
