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El Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York su defensa para sostener la suspensión del fallo que obliga a entregar acciones de YPF en el marco de los juicios por la estatización de 2012. El planteo apunta a que no se ejecute la sentencia mientras dure el proceso de apelación.
En el escrito, difundido por la Procuración del Tesoro, la Argentina advirtió que avanzar con la entrega generaría un “daño irreparable” para el país y podría desatar un “conflicto diplomático” con Estados Unidos. También citó el respaldo del Departamento de Justicia norteamericano, que cuestionó la interpretación jurídica de la jueza Loretta Preska.
La presentación destacó que las acciones están en territorio argentino, no fueron usadas comercialmente en EE.UU. y no pueden venderse sin aval del Congreso, lo que impide cualquier riesgo de fuga de activos. Además, alertó que la pérdida del control estatal sobre YPF sería irreversible, incluso si el país ganara la apelación.
En paralelo, el Gobierno respondió a la demanda de Bainbridge y aseguró que no se justificó ni la necesidad de una garantía ni el riesgo de perjuicio en caso de mantener la suspensión.
“El Gobierno continuará defendiendo los intereses del país con firmeza y respeto por la soberanía”, cerró el comunicado oficial.
