Contratos

La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia tras un pedido de la IGJ. El organismo designó dos veedores para analizar la documentación contable y administrativa de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de una creciente tensión con la Casa Rosada.

Una presentación judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano apunta a los contratos de la consultora de la esposa del jefe de Gabinete y a sus vínculos con empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.