El Gobierno dispuso una veeduría por 180 días en la AFA y revisará balances, contratos y operaciones financieras

La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia tras un pedido de la IGJ. El organismo designó dos veedores para analizar la documentación contable y administrativa de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de una creciente tensión con la Casa Rosada.
Actualidad17/03/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

El Gobierno nacional resolvió establecer una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de revisar documentación contable, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina luego de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información administrativa y contable vinculada al ejercicio 2025.

Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a los libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la entidad. Además de elaborar un informe final al término de la veeduría, también podrán presentar reportes parciales si detectan irregularidades que requieran atención urgente.

Entre los puntos a analizar figuran los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del pago de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, así como la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).

La resolución también ordena revisar las relaciones comerciales con empresas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

El conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA ya venía escalando en las últimas semanas. La entidad encabezada por Tapia rechazó la decisión, calificó la veeduría como “ilegítima” y anticipó que intentará frenarla por vía judicial. Aunque la medida no implica una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la asociación, sí abre una auditoría formal sobre uno de los centros neurálgicos del negocio del fútbol argentino.

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