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La fugaz política de “retenciones cero”, que se había anunciado para extenderse hasta el 31 de octubre, terminó convertida en un escándalo mayúsculo. En apenas 72 horas, una docena de empresas agroexportadoras se aseguraron beneficios extraordinarios por unos 1.500 millones de dólares, cifra que según denuncias periodísticas debía engrosar las arcas del Estado o el bolsillo de los productores.
El mecanismo, avalado por los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo, permitió que compañías como Bunge, Louis Dreyfus, Cofco, Cargill, Viterra y Molinos registraran ventas masivas al exterior con retenciones en cero, aun sin contar con la mercadería. Según explicó la periodista Rosalía Costantino, incluso se declaró un 29% de soja “que todavía no se sembró”.
El resultado fue un negocio redondo: cuando compren esa soja a los productores, les descontarán el 26% de retenciones que ya volvió a regir, apropiándose de esa diferencia. “Es un afano a mano armada con aval del Estado”, denunció el especialista Matías Longoni.
Mientras las grandes empresas se quedaron con la totalidad del beneficio, los productores quedaron fuera de juego y el Estado resignó una recaudación millonaria en plena crisis fiscal. El impacto también llegó al exterior: desde Estados Unidos hubo quejas de que la maniobra hizo caer el precio de la soja en Chicago, en un contexto de tensión con China.
