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En enero de 2020, el glamour del City Center de Rosario quedó sacudido por un ataque narco. Dos hombres en moto dispararon contra el casino y un apostador murió en el balcón mientras fumaba. Detrás de esa escena violenta, la investigación reveló un entramado propio de una serie de Netflix: fiscales que cobraban coimas, empresarios del juego ilegal con contactos en la política, y acuerdos con la banda de Los Monos.
Cinco años después, el juicio contra el ex jefe de fiscales rosarino, Patricio Serjal, pone sobre la mesa esa red de corrupción. Lo acusan de haber protegido el negocio clandestino a cambio de pagos mensuales en dólares que gestionaba otro funcionario, el fiscal Gustavo Ponce Asahad. El empresario Leonardo Peiti, pieza clave de la causa, confesó haber repartido dinero a fiscales, legisladores provinciales y jefes policiales, mientras era extorsionado por la banda narco.
La trama también salpica a dirigentes políticos de peso como el senador peronista Armando Traferri y el radical Hugo Rasseto, además de funcionarios policiales que reportaban en tiempos en que Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad.
Con el juicio en marcha, los testimonios de arrepentidos y fiscales enfrentados prometen revelar hasta dónde llegaba la protección judicial a un negocio multimillonario sostenido por el crimen organizado. Una historia que Rosario todavía no logra cerrar.
