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El Gobierno nacional derogó el decreto que regulaba los aranceles de los colegios privados, poniendo fin a más de tres décadas de control estatal sobre las cuotas y matrículas. A partir del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, las instituciones educativas de gestión privada ya no estarán obligadas a comunicar los valores a las familias con anticipación ni a contar con aval oficial para modificarlos.
La medida deja sin efecto el Decreto 2417/1993, que exigía a los colegios informar cada año los montos de matrícula, cuotas y recargos antes del cierre del ciclo lectivo. Además, establecía que los aumentos debían consensuarse con los padres o tutores, y en caso de no haber acuerdo, se mantenían los valores vigentes.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la norma “presenta limitaciones que impiden la adaptación de los institutos a las realidades económicas del país”. Señalaron que el esquema actual, con competencias educativas transferidas a las provincias, justifica la revisión del régimen anterior.
El texto oficial sostiene que la intervención estatal “ha generado efectos contraproducentes”, como cuotas más altas por la incertidumbre económica o la imposibilidad de ajustar precios ante la inflación. También subraya que los colegios, como entidades privadas, deben poder definir sus propios aranceles y salarios “en un marco de libre competencia”.
La decisión, enmarcada en la política de desregulación impulsada por Javier Milei, reabre el debate sobre el equilibrio entre la libertad de mercado y el acceso equitativo a la educación privada.
