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La Coalición Cívica (CC) reveló los argumentos de la denuncia por lavado de dinero que, según sostienen, involucra a allegados de la conducción de la AFA. En un duro planteo, la fuerza que encabeza Elisa Carrió apuntó contra la “inacción del sistema judicial” y advirtió sobre un “delicado conflicto de interés”: magistrados que forman parte del Tribunal de Disciplina de la AFA podrían quedar al frente de eventuales causas contra la cúpula de la entidad.
Matías Yofe, referente de la CC-ARI, cuestionó que la supuesta compra masiva de activos por parte de presuntos testaferros “no generara ninguna alerta roja” en los organismos de control. La investigación se centra en una mansión no declarada en Pilar —con helipuerto y más de 120 autos de alta gama— que estaría ligada a Luciano Pantano, un monotributista, y a su madre jubilada, titulares de la firma Real Central.
Yofe también criticó que la causa, derivada a Casación, terminara en el juzgado de Daniel Rafecas, quien “se declaró incompetente sin tomar medidas preliminares”, en medio de un cruce de pases entre juzgados. Según el dirigente, los fondos investigados serían recursos que deberían llegar a los clubes: “Vemos instituciones quebradas mientras se gastan millones en autos y propiedades”, advirtió.
En cuanto al conflicto de interés, insistió: “Una causa contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia podría caer en manos de un miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Es impresionante. Ese es el delirio”.
