Denuncia por presunto conflicto de intereses salpica al entorno de Adorni

Una presentación judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano apunta a los contratos de la consultora de la esposa del jefe de Gabinete y a sus vínculos con empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.
Actualidad16/03/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso bajo la lupa a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por los contratos y vínculos empresariales de su consultora +BE con compañías que mantienen negocios o relaciones comerciales con el Estado.

La presentación recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Ariel Lijo, y plantea la posible existencia de conflictos de interés y de un circuito de relaciones comerciales entre empresas privadas y organismos estatales vinculados al funcionario.

Según el escrito, podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal YPF, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. De acuerdo con la denuncia, la empresa brindó capacitaciones a gerentes y jefes de la naviera en tres oportunidades —en noviembre de 2024 y octubre de 2025— por un total de 6.370.000 pesos.

Pagano sostiene que ese vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de YPF como representante del Estado. Desde la naviera, sin embargo, aclararon que mantienen contratos con la petrolera desde hace 28 años y que el funcionario fue designado en el directorio recién en enero de 2026.

La denuncia también menciona posibles conflictos vinculados con la licitación del predio de Tecnópolis, estimada en 183.000 millones de pesos, en la que participa DirecTV Argentina junto al Grupo Foggia, señalado como cliente de la consultora +BE.

El expediente suma además menciones a empresas tecnológicas proveedoras del Estado y a presuntas irregularidades en licitaciones para servicios de comunicación oficial. La Justicia deberá determinar ahora si se trata de vínculos comerciales legítimos o de un esquema que pueda configurar conflictos de interés.

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